Mamadou: patera, cárcel y libertad con orden de expulsión

CIE de Aluche / SOS Racismo Madrid

Un joven calmado, tranquilo y resolutivo, así definen a Mamadou quienes han tenido la oportunidad de tratar con él. Su historia es la de un gambiano que llegó en patera a Almería junto a otras 55 personas hace ya cuatro años, se había dejado todos los ahorros de su vida para poder embarcar. Entre las personas que le acompañaban recuerda que había una mujer embarazada, también un menor. También recuerda cómo nada más llegar a tierra, tanto a él como a otro joven les detuvo la policía acusados de ser los conductores de la patera, un delito contra la inmigración ilegal penado con 4 años de cárcel. “Me acusaron de ser el conductor de la patera y me condenaron”, recuerda. Entre las pruebas que se recogieron se aceptó que había sido presuntamente visto como conductor de la patera y la supuesta incautación de una brújula y unos mapas. También se nombró unas grabaciones de las cámaras de salvamento marítimo que supuestamente demostraban que eran los conductores.

Mamadou explica que había personas de diferentes nacionalidades, la policía estaba presionando para que dijeran quién conducía la patera, él y el otro chico eran los únicos de diferentes lugares de procedencia que el resto. “La única prueba contra mi eran los testimonios de las personas que iban en la patera, yo era el único gambiano, los demás eran de Costa de Marfil, Malí…”. Al final fueron condenados a 4 años de prisión. Habían pasado de la patera a la cárcel.

Tras dos años encerrado le trasladaron a otro centro penitenciario. En ese período como interno aprendió español, trabajaba y obtuvo el título de manipulador de alimentos, también realizó un curso de jardinería, tenía un buen comportamiento… nada de esto impidió que le llegara un decreto administrativo sancionador que suponía su expulsión. Estaba en una grave situación y “su defensa fue patética”, lamentan desde SOS Racismo Madrid, “teníamos tres o cuatro números de abogados diferentes y ninguno de ellos sabía nada, cuando les llegaba el caso o no tenían ni idea o pasaban”. Mamadou solicitó hasta tres veces la justicia gratuita. Al pasar de una cárcel a otra no solo no le dieron sus pertenencias, además, las dificultades de comunicación con su abogado de oficio se complicaron más todavía.

“Los abogados no hicieron nada por ayudarme, he ido de uno a otro”, lamenta Mamadou, explica cómo esto le generó una incomprensión sobre lo que estaba sucediendo, tampoco pudo conocer sus oportunidades de defensa o cuáles eran sus derechos. Hubo una situación de indefensión total, esto resultó en que no se presentaron los recursos contra su procedimiento de expulsión. Lo mismo había pasado con la sentencia de cárcel, no se presentaron los recursos contra la condena. Este gambiano solicitó asilo porque se lo explicó un compañero de prisión, no entendía ni lo que era ni lo que había que tramitar. Finalmente cumplió su condena de forma íntegra, porque las autoridades para no permitirle salir en libertad condicional alegaron riesgo de fuga y falta de arraigo, a pesar de tener familia en otra parte del Estado español. Sin embargo, aún habiendo cumplido los cuatro años de prisión ahí no terminó su condena.

“Salir de una cárcel para ir a otra”

Al salir de la cárcel el juzgado de instrucción decretó su internamiento en el CIE, salió esposado y se lo llevaron directamente. “Hablé con su abogado en ese momento, no tenía ni idea de quién era el chico, su situación, lo que tenía que hacer”, recuerda un activista de SOS Racismo Madrid, finalmente lo internaron en el CIE de Aluche. Para Mamadou aquello fue, según sus propias palabras: “salir de una cárcel para ir a otra”.

Ahí entró en contacto con SOS Racismo Madrid, “reconstruimos su historia a través de las sentencias y procesos que guardaba, vino con una pila de documentos, estaba desolado”. Había perdido 4 años en España, encerrado. Se dejó todos sus ahorros para ser encarcelado. En el CIE se encontraba a la espera de una deportación, sin nada, salvo 4 años perdidos, en una situación peor que cuando marchó de Gambia. Estuvo encerrado hasta casi cumplirse el plazo máximo de internamiento, incluso trataron de deportarle, “lo intentaron una vez, pero me resistí y conseguí que el piloto dijera que no volaría en su avión”. “Nos contó que como castigo había sido esposado fuertemente, lo que le dejó marcas en las muñecas”, explican desde SOS Racismo.

Tras el intento fallido de deportación en un vuelo comercial le devolvieron al CIE, donde permaneció unos días más antes de ser puesto en libertad. A día de hoy sigue con la orden de expulsión vigente, con el miedo a sufrir una identificación policial que pueda suponerle una deportación exprés (en menos de 72 horas). Explican desde la organización que habían solicitado peticiones de asilo que fueron desoídas “él había enviado tres cartas al director de la cárcel solicitando asilo y no se le tramitó ninguna, cosa que deberían haber hecho”.

Mamadou es un nombre ficticio que ha tomado para evitar más complicaciones de las que ha vivido hasta el día de hoy, como el muchos y muchas han arriesgado su vida para llegar al “sueño europeo”, muchos, demasiados, han muerto en el intento, en lo que llevamos de año cerca de 3.000 personas han perdido la vida intentando cruzar el Mediterráneo, el 90% por transitar rutas más peligrosas debido a la fortificación de los pasos fronterizos. Además, más de 560 personas han desaparecido bajo las aguas, según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones. Quienes como Mamadou consiguen llegar lo hacen para ser tratados como delincuentes, perseguidos, explotados sobreviven hasta que son objeto de una detención racista y expulsados a su país, humillados y maltratados por el racismo institucional apuntalado por la Ley de Extranjería.

La industria del control migratorio

Esta fortificación de los pasos fronterizos es una industria que se beneficia del control de los movimientos migratorios, su finalidad es una, evitar que las personas migrantes crucen la frontera. En el reciente informe de PorCausa, una organización de investigación y periodismo, denuncian el negocio que suponen las fronteras. Centenares de contratos que en los últimos 15 años han permitido a unas 350 empresas obtener contratos por un valor de 610 millones de euros, entre las que suenan algunas ya conocidas como Siemens o Telefónica y las tres más beneficiadas, tres grandes del IBEX35, Dragados, Ferrovial e INDRA, que se habría embolsado entre las tres un mínimo de 125 millones de euros, según la investigación. Como explica El Confidencial, se trata de un dinero que no solo proviene del estado español, la Unión Europea participa también otorgando fondos al Gobierno español, bien como intermediario o directamente a estas empresas, a través del Fondo de Fronteras Exteriores y las subvenciones de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex). El dinero total entregado a España alcanza una cifra no inferior a 896 millones de euros desde el año 2010. Un negocio que hace que las personas que migran no den marcha atrás, sino que tomen rutas más peligrosas.

El grueso de estas cuantías se destinan a reforzar las fronteras por vía terrestre y marítima, cerca de un 80%, mientras que lo restante se emplea en las expulsiones desde España y la actividad que le envuelve. Es decir, la industria que se encarga de expulsar a quienes consiguen llegar a su destino, a través de detenciones, redadas racistas, la existencia de Centros de Internamiento de Extranjeros donde se encierra a personas que no han cometido ningún delito y, por último, los vuelos de deportación, Air Nostrum y Barceló Viajes se llevaron la última adjudicación del Ejecutivo para fletar los “vuelos de la vergüenza”  dotada con 11.880.000 euros en 2017 y 2018. Centros de detención donde se encierra a las personas del sur global, confinadas tras un juicio sin apenas tiempo de preparar su defensa o de reunir la documentación necesaria que evite su deportación. Lugares en los que se dan insultos racistas, tratos denigrantes, agresiones y vejaciones. La cárcel de la que habla Mamadou, parte de un sistema sustentado por el conjunto de la ciudadanía.

 

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