Redadas, confinamiento y expulsión

Tomada en la calle Ave María, en Lavapiés, la Policía Nacional pidió la documentación a la persona que aparece en la foto y a tres más (2016) / Teresa Palomo

Hablar desde las experiencias racista en espacios públicos o en medios de comunicación conlleva caer en discursos de victimización en los que tratan de encerrarnos. Sin embrago, a veces es necesario contarlo de forma testimonial, hacerlo desde la voz de quien las padece en su propia piel y no a través de quien desde la buena conciencia “nos da voz”.

Cuando me pidieron hablar sobre las detenciones por perfil étnico desde mi experiencia no pude evitar recordar como hace tiempo un agente de paisano nos paró a Abderrahman y a mi bajo el pretexto de que estábamos entrando en demasiados portales, en ese tiempo repartíamos propaganda. El policía nos pidió que nos identificáramos, nos pregunto si llevábamos armas, nos aviso que lo mejor era confesar porque iba a revisar nuestras mochilas y de encontrarlas sería peor. Cómo olvidar aquella vez en la que trabajando en lo mismo, una patrulla de policía me pidió que saliera de una urbanización para identificarme, me abordaron con el mismo procedimiento y con naturalidad uno de los agentes me espetó: “muchos rumanos dicen que entran a repartir propaganda en los buzones y van a lo que van”.

Esas fueron experiencias un poco más lejanas, pero bastó dos minutos en la Puerta del Sol durante el pasado 31 de octubre para que el policía que estaba patrullando en moto identificara al que parecía moro de todas las personas que allí estaban sentadas.

Ayer hablé con una amiga sobre este tema, me recordó cómo estando con su padre en la estación de Atocha en coche fueron parados, recuerda aquello como una identificación racista en el contexto de los atentados de Charlie Hebdo. Qué criterios se siguen, que prejuicios o estigmas intervienen en estas decisiones, David Martín, Responsable de la Unidad Gestión de la Diversidad lo explico así: “si vinculas estación de tren, atentado terrorista, y 11-M, el policía aunque tenía que hacer identificaciones aleatorias, de cada 10 identificaciones realizadas 9 fueron a personas marroquíes”.

Ebenezer nos relató en julio que en lo que iba de año había tenido que identificarse ante la Policía Nacional al menos diez veces, en 2016 las identificaciones que sufrió fueron 30, lo que supone para este joven de ascendencia asiática y africana una necesidad constante de demostrar su inocencia. Lo que condiciona su vida, su integridad física y emocional hasta el punto de tomar trayectos no deseados para evitar lugares donde podría estar la policía, aunque eso implique llegar tarde a casa o al trabajo.

Si eres una persona de origen magrebí, gitana, negra, latinoamericana sabes que tienes hasta cuatro veces más posibilidades de sufrir una identificación racista.

El pasado sábado 16 de septiembre en el barrio de Lavapiés, varios defensores de derechos humanos, todos ellos afrodescendientes, se dirigían a un curso sobre esta temática cuando se pararon ante lo que parecía una identificación racista. Cuando uno de los identificados sufrió lo que según los testigos fue un abuso de autoridad decidieron intervenir, lo que llevo a que los tres afrodescendientes fueran objeto de una agresión racista que le ha supuesto a la Policía Nacional una denuncia ante la ONU. Uno de ellos, Ngoy, explicó que las identificaciones por perfil étnico son parte de su cotidianidad y recuerda cómo una de las justificaciones que le dio la policía tras una identificación en la estación de trenes fue que personas como él “tenían más probabilidades para delinquir”.

El 5 de octubre ocho mujeres de SOS Racismo Galicia se dirigían al aeropuerto de A Coruña para participar en el Congreso sobre Islamofobia en la ciudad de San Sebastián, en el aeropuerto, de todas ellas dos fueron objeto de identificaciones y control de sus equipajes, casualmente las dos llevaban hiyab.

Si eres una persona de origen magrebí, gitana, negra, latinoamericana sabes que tienes hasta cuatro veces más posibilidades de sufrir una identificación racista. Los cuerpos del Estado se basan entonces en la selección étnica para perpetuar estereotipos sobre los delincuentes y las personas migrantes y racializadas, generando una imagen de nosotros que dice que somos más propensos a delinquir. No fundamentan dicha acción en un comportamiento potencialmente sospechoso, aquí lo que suscita la sospecha es la piel, el pelo, la ropa…

Esta discriminación establece un trato diferente no justificado y carece de una relación que la explique mas allá de una subjetividad basada en categorías de la sospecha. Genera lo que se conoce como la inversión de la carga de la prueba, donde la persona que sufre esta humillación pública ve como su presunción de inocencia desparece y tiene que demostrar que es inocente. Todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario, todos a la cárcel, bueno no todos, solo los no blancos.

Si tomamos en cuenta los datos ofrecidos por el Informe sobre experiencias y actitudes en relación con las actuaciones policiales (2013), las personas gitanas fueron identificadas hasta 10 veces más que las que tienen apariencia caucásica europea, las personas magrebíes 7,5 veces más y las Afro-latinoamericanos hasta un 6,5 más.

Todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario, todos a la cárcel, no todos, solo los no blancos.

Además tenemos que demostrar que una detención ha sido ejecutada de forma discriminatoria. Lo que obviamente, no es tarea fácil, porque si lo fuera estaríamos demostrando el racismo institucional. Se nos pide a quienes sufrimos este trato denigrante que lo probemos, cuando debe ser el Estado el que debe probar que las diferencias de trato no siguen parámetros racistas.

Vemos cómo las propias instituciones nos tratan de forma injusta, lo que genera el incremento de la desconfianza hacia ellas y hacia la legitimidad de los cuerpos policiales. Selim Nadi, explica cómo el Estado “a través de la experiencia de su violencia física organizada: ¡la policía! Los no blancos son las principales víctimas de la violencia y los homicidios policiales. Encerrando a los no blancos, reprimiéndolos cuando se manifiestan, controlándolos constantemente en las calles, el Estado cumple con su papel de coacción e impone a los sujetos post-coloniales una amenaza permanente que pretende su inmovilización política”. He ahí una de las razones.

Pero no debemos olvidar otra de la razones a la qué responden las detenciones racistas, cuando no es para criminalizar y despolitizar es para encerrar y en última instancia para expulsar. Sin la existencia de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) quizá no habría redadas racistas. Estos lugares no son cárceles, aunque esta semana se haya encerrado en la prisión de Archidona (Málaga) a 497 personas por una falta administrativa y no penal. Los CIEs no son cárceles porque en las cárcel hay un personal cualificado encargado de su gestión y unos procedimientos que respetan unas garantías y requisitos mínimos, menos de los que se presumen en un estado democrático.

Es importante señalar que los centros de internamiento de extranjeros son establecimientos públicos de carácter no penitenciario, por lo tanto desde el Gobierno vulneran la ley al encarcelarlos, pero a su vez, quienes denunciamos la existencia de los CIEs no debemos caer en la comparación de estos con las cárceles porque en ellos hay tratos denigrantes, situaciones de insalubridad, denuncias por torturas, malos tratos e incluso se encierra a menores, como denuncian las personas activistas que acuden a estos centros. Una vulneración tras otra, lugares del no derecho más parecidos a campos de concentración que recluyen a personas del sur global.

Hablar de cárceles contribuye además a reforzar estereotipos y a criminalizar. No se nos escapa que su estrategia de encarcelarles en Archidona es (creen) para que después agradezcamos que les metan al CIE. Buscan hacernos cómplices y alimentar la necesidad de nuevos campos de reclusión. Observemos sino, como los últimos discursos críticos al hecho de que estén en una cárcel se han comido el espacio a la crítica de la existencia propia de los CIEs. Estos últimos son peores que los primeros, lo dicen quienes han pasado por los dos.

Hoy el gobierno nos dice que Archidona es una anomalía temporal, mientras nos cuela el discurso que criminaliza a la población migrante y le sirve a su vez de justificación para la construcción de nuevos CIEs. Hoy a pesar de que la legislación ampara a todas estas personas, siguen encerradas, privadas de libertad. El reglamento determina que lo suyo es una falta por una infracción administrativa sin sanción penal. Hablamos de una práctica ilegal sin cabida en el ordenamiento jurídico por mucho que el delegado del Gobierno en Murcia nos venda el viejo cuentos del enemigo externo y para ello se erija en portavoz de las fronteras, lejos de entender cuál es el motivo que lleva a una persona a abandonar su hogar y embarcarse en una acción con dos resultados, vivir o morir. El señor Francisco Bernabé defiende a las fronteras porque son parte de un negocio, el de la Industria del Control Migratorio que viola derechos fundamentales, cuando no mata con balas de goma, como en Tarajal o las siete mujeres muertas en su intento por llegar a Melilla en una patera después de que la Guardia Civil bloquease su paso hacia la costa española.

Hablar de las paradas racistas sin hablar de los CIEs es como criticar la existencia de estos centros sin hablar de unas políticas migratorias de la Unión Europea (UE) que en lo que llevamos de año han causado la muerte a más de 3.000 personas que intentaban cruzar el Mediterráneo. Políticas en las cuales se incluyen devoluciones en caliente que hace dos madrugadas la Guardia Civil ha ejecutado en la valla de Ceuta, prácticas condenadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

No se pone en duda la existencia de CIEs porque incumplen su cometido que es el de albergar cuerpos hasta su expulsión (en 2016 se expulso a un 29% de las personas encerradas) fin último para el que se introdujeron en el ordenamiento, se ponen en duda porque vulneran sistemáticamente los derechos fundamentales, el primero de ellos, la privación de libertad que la Constitución española justifica solo sobre quienes han cometido delitos.

En la Europa en la que se enarbola la bandera de los Derechos Humanos, nosotros nos preguntamos para quién. Mientras exista un tratamiento diferencial por parte de las instituciones, mientras existan en pleno siglo XXI lugares donde se encierra al Otro, seguirá habiendo detenciones racistas y seguirá siendo el Estado quien tenga que demostrar que no existe lo que desde la experiencias no nos cansaremos de denunciar y combatir, el racismo estructural.

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