El racismo nos encierra

Pancarta con las reivindicaciones del encierro

El racisme ens tanca y tancada per drets son algunas de las consignas del encierro contra el racismo social e institucional que comenzó en Barcelona el pasado sábado 21 de abril en la Escola Massana, edificio municipal situado en la Plaza Gardunya. Una asamblea convocada para debatir sobre la situación de desprotección y carencia de derechos de los migrantes y refugiados en la que participó un centenar de personas, que se materializó en un encierro que tiene como fin hacer llegar sus reivindicaciones a las instituciones. Demandas entre las que se encuentran el cierre de los CIEs y fin de las deportaciones, así como que se haga efectivo aquello de que Barcelona es ciudad refugio, otorgando posibilidades de acceso y tramitación reales a este derecho que además de no estar funcionando, introduce a las personas refugiadas en un proceso de maltrato y carencias.

“El foco en la Ley de Extranjería porque permite y establece un régimen racista y discriminatorio al acceso de derechos”

Se trata de una acción que tiene precedentes, el más sonado, un encierro similar en la Iglesia de Santa María del Pi en el 2001, época en la que el PSOE impulsó una regularización masiva. Pero no es el único, en los años posteriores se ha llevado a cabo acciones similares contra la discriminación y acceso a derechos de las personas migrantes impulsadas bajo la consigna “papeles para todos”. “Varias de las demandas que se recogen en el encierro, salen de esas luchas”, explica Ainhoa, participante en el encierro. Una lucha que hoy se enmarca en unas demandas específicas, que si bien no cambiarían la cuestión de fondo, podrían aligerar algunos procesos por los que tienen que pasar una gran parte de las vidas migrantes. “Se pone el foco en la Ley de Extranjería porque es una ley que permite y establece un régimen racista y discriminatorio al acceso de derechos en base a una razón azarosa, como es el lugar de nacimiento”, explica, “te obliga a demostrar que has vivido durante tres años de forma irregular en territorio español, con la violencia que conlleva”.

Piden acceso a papeles sin contrato, algo que desde el consistorio podría fomentar a través de la formación ocupacional, sostienen desde el encierro. Para tener una situación administrativa regular, superado el complejo proceso de arraigo, la ley exige una contratación laboral de 40 horas semanales durante un año, unas condiciones restrictivas, teniendo en cuenta la situación de precariedad que se vive en el Estado español. Si lo consigues, pasas al régimen regular administrativo durante un año, pero para renovar tienes que cotizar la mitad de su duración. “Son plazos que van ampliándose, después de la primera renovación, cumplidas las condiciones, renuevas para dos años, después otros dos años, luego cinco y si cumples con las cotizaciones exigidas accedes a lo que sería una residencia permanente”, explica Ainhoa. Siempre y cuando si durante esos años has trabajado y cotizado durante la mitad del plazo que dura la regularización y que no te has topado con una situación que genere antecedentes penales.

Despenalización del top del manta. Poseer antecedentes penales y policiales, es otro muro. Por ejemplo, en el caso de los manteros, algunos de los cuales llevan más de diez años en España sin poder regularizar su situación debido a la criminalización y penalización de la venta ambulante. Sanciones que les generan antecedentes, una de las principales razones por las que se deniega la regularización. Una criminalización de la pobreza que condena a una espiral de persecución y violencia institucional. Al no poseer una situación administrativa regular no pueden trabajar, teniendo que emplearse sin alta. Sus cuerpos quedan expuestos a la precariedad, la explotación, sin protección, sin derechos y sin atención sanitaria.

Acceso sanitario universal. Desde el encierro, exigen la derogación del Real Decreto Ley 16/2012 elaborado y ejecutado por el gobierno del Partido Popular, una modificación del sistema sanitario público español que convirtió el derecho universal a la sanidad en un servicio exclusivo que dejaba fuera a más de 870.000 personas. Una investigación del Instituto de Economía de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra, titulada The deadly effects of losing health insurance (Los efectos letales de perder la cobertura sanitaria) presentada el 13 de abril en la Escuela Nacional de Sanidad de Madrid arrojaba que la mortalidad entre la población en situación irregular aumentó una media de un 15% entre 2012 y 2015, los tres años posteriores a la aplicación de la ley sobre la reforma sanitaria o lo que es lo mismo, un incremento de 70 muertes anuales, en el tercer año de estudio, la mortalidad ascendió un 22,6%. Con el tiempo, la tendencia es al alza.

“Para existir a nivel burocrático necesitas estar empadronado, sino eres invisible”

Empadronamiento sin domicilio fijo. Uno de los compromisos del Ayuntamiento de Barcelona es el acceso a un empadronamiento con menos restricciones. Desde el encierro piden que se haga efectivo este compromiso. Un trámite necesario para la renovación de los permisos de residencia y la atención sanitaria. El problema es que a pesar de que todas las personas tienen el derecho a empadronarse, desde las administraciones no solo no informan sobre este derecho sino que niegan la posibilidades de poder hacerlo efectivo. El empadronamiento sin domicilio fijo, es una modalidad que existe, pero que alberga multitud de problemas para formalizarlo. “Exigimos ofrecer a las personas un padrón para que se les puedan realizar notificaciones, que puedan apuntar a sus hijos a la escuela, a la atención sanitaria, para existir a nivel burocrático necesitas estar empadronado, sino eres invisible”, señala Ainhoa.

Colectivos implicados en el encierro

 

Hace unos días eran recibidos por el Ayuntamiento, donde según explican desde la asamblea, se manifestó una predisposición hacia algunas de las demandas. También, se han comprometido a entregar por escrito a la asamblea que la adquisición del empadronamiento sin domicilio fijo se pueda garantizarse en un plazo menor de un mes desde que se solicita, en lugar de los tres a seis meses que contempla en la actualidad. Desde Ciutat Refugi, se comprometen a sacar una moción e instar a la Delegación de Gobierno a la retirada del examen de nacionalidad, otra de las demandas de la asamblea. Solo posible si consigues resistir a todo el plazo de burocratización descrito, una media de 10 años que puede durar mucho más tiempo, debido a que, por ejemplo, si pierdes tu empleo, no podrías renovar lo que te devuelve a una situación de administración irregular y los plazos vuelven a comenzar de cero. “Decimos que no se hagan los exámenes, porque además, establecen criterios de exclusión a personas que no tienen un nivel de alfabetización, pero incluso quienes poseen estudios los describen como difíciles de superar”, señalan.

“Las mujeres migrantes nos queremos libres y vivas”

La violencia machista. “Las mujeres migrantes nos queremos libres y vivas”, explican en el manifiesto en los primeros días del encierro, denuncian un sistema patriarcal, racista y capitalista que “maltrata, agrede, paraliza y asesina de forma muy diversas”. El pasado miércoles hubo una asamblea que continuó durante el viernes y parte de la mañana del sábado. Un encuentro feminista que juntó a mujeres blancas y no blancas bajo la pregunta ¿Qué se entiende por autodefensa feminista? “Explicamos en que consiste el racismo social e institucional”, indica en conversación telefónica Florencia, “y que la violencia machista es una violencia también entendida desde el racismo que nos violenta, nos parece importante organizarnos y responder, y señalar que el feminismo hegemónico no trabaja en contra de esas violencias que se vuelcan sobre mujeres migrantes y refugiadas”. Una asamblea de autodefensa feminista antirracista, antipatriarcal y anticapitalista en la que participaron entre 130-150 personas.

Violencia que también se materializa desde el servicio de Atención a la Adolescencia de la Generalitat, que retira la tutela a menores cuando sus parientes se encuentran en situación irregular. Desde la asamblea solicitan la flexibilidad de los trámites solicitados para la Reagrupación familiar por considerar que exigen unas condiciones de superficie y habitabilidad que hacen peligrar el derecho a la convivencia familiar, un escenario de estrés constante para familias en situación de vulnerabilidad.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona han expresado su disposición a mantener al menos tres reuniones más, una con el área de feminismos, para abordar la violencia machista en relación a las mujeres migrantes. Otra con el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, para discutir sobre la despenalización de la manta, y una última con Ignasi Calbó, coordinador del programa municipal Ciutat Refugi, para hablar sobre la situación de refugio. Además, se han comprometido a debatir el próximo el 15 de mayo sobre la necesidad de una sanidad universal en Cataluña a pesar de la ley que impone un apartheid sanitario.

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