Situación de las personas afrodescendientes en España: “Discriminación racial endémica”

Manifestación contra el racismo del 12 de noviembre 2017 en Madrid / SOS Racismo Madrid

El pasado 25 de septiembre, el Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afrodescendientes de las Naciones Unidas presentó ante el Consejo de Derechos Humanos el informe de su primera investigación sobre la situación de las personas afrodescendientes en España.
El informe, que sirve de base para la recomendación en la elaboración de leyes, políticas y estrategias para combatir la discriminación, ofrece un marco contextual para formular proyectos sociales, ya que identifica los elementos que justifican la necesidad de acciones, también desde la sociedad civil. Se trata del primer documento oficial que recoge información específica sobre la situación de las personas afrodescendientes en España.

Su elaboración, en la que han participado actores de la sociedad civil africana y afrodescendiente, revela importantes deficiencias en la protección de personas migrantes y solicitantes de asilo, y otras múltiples violaciones de derechos de las personas afrodescendientes. Según concluye: “la discriminación racial está presente en todos los ámbitos de la sociedad española, desde los centros escolares hasta el mercado de trabajo, pasando por la vivienda, la sanidad y otros servicios sociales”.

La población africana y afrodescendiente del Estado Español

El estudio realiza una aproximación histórica al colonialismo español que arranca con el inicio de la Modernidad, en el Siglo XV. Lo que supuso la llegada de esclavos negros a la península a través del mercadeo en Barcelona, Valencia y Baleares. Tras la colonización de las Américas (antes de la llegada colona se conocía como Abya Yala), con la disminución de la población indígena y autóctona, los colonos españoles recurrieron a la esclavitud africana para satisfacer sus demandas de mercado, convirtiendo la “América española” en la segunda entidad política importadora de esclavos africanos entre 1520 y 1867.

La ocupación española de Guinea Ecuatorial hasta 1968 permitió la llegada de los migrantes afrodescendientes al país antes de los años 80. El segundo grupo al que pertenecen la mayoría de los africanos negros que viven actualmente en España, empezaron a llegar a mediados de los años ochenta, desde África Occidental (Senegal, Gambia, Cabo Verde y Malí), y a partir de los noventa, desde Nigeria y África Central. El informe señala que a pesar de que no hay datos oficiales sobre la población afrodescendiente, varios cálculos de la sociedad civil, contabilizan entre 1 y 2 millones de personas residentes.

“El establecimiento de perfiles raciales de los afrodescendientes es un problema endémico”

Durante la investigación, la sociedad civil indicó que los afrodescendientes son invisibles y que la legislación no ofrecía protección alguna contra el racismo al que se veían expuestos diariamente. El Grupo de Trabajo observó que, pese a su funcionamiento previo “el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica no cuenta con una infraestructura propia y ha abandonado casi todas sus actividades”, aunque celebra la labor del Defensor del Pueblo (organismo que supervisa las actividades de la administración y las autoridades públicas con miras a la protección de los derechos humanos y da cuenta de su gestión a las Cortes Generales en un informe anual), que formuló recomendaciones para acabar con los perfiles raciales, debido a que su existencia es “un problema endémico”.

“A los afrodescendientes se los toma constantemente por inmigrantes indocumentados y se los detiene mucho más a menudo que a personas en los controles en la vía pública y sin que existan problemas de seguridad”, señala el informe, que alerta que el sesgo racial es la realidad que viven los afrodescendientes. La sociedad civil informó al Grupo que la población negra corre el riesgo de ser señalada 42 veces más a menudo en los puertos y el transporte público, por su color de piel. Una “práctica generalizada” que no solo discrimina, sino que alimenta la criminalización racial, ya que “quienes presencian esas interpelaciones dan por sentado que las víctimas desarrollan actividades delictivas”.

Los principios generales de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación respecto de los controles de identidad se han incluido en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Sin embargo, la legislación española sigue careciendo de una prohibición específica del uso de perfiles raciales. Es por ello que recomiendan al Gobierno que ponga en marcha un mecanismo de denuncia específico e independiente para abordar la cuestión.

En la investigación se muestra especial preocupación por los efectos de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana sobre los derechos de los afrodescendientes y centra el foco en “las disposiciones disuasorias de la Ley que prevén fuertes sanciones para quienes capten imágenes de los agentes del orden e invierten la carga de la prueba por lo visto han abocado a la población a la autocensura, con la consiguiente disminución del número de denuncias por discriminación, los casos que se investigan y enjuician y las reparaciones concedidas a las víctimas”.

La discriminación racial, presente en todos los ámbitos de la sociedad

“La discriminación racial está presente en todos los ámbitos de la sociedad, desde los centros escolares hasta el mercado de trabajo, pasando por la vivienda, la sanidad y otros servicios sociales”, concluye el informe. Lo que se ve agravado por el desconocimiento general de las medidas de protección entre los afrodescendientes. También señalan las dificultades que experimentan los afectados para denunciar la discriminación por miedo y falta de confianza en las fuerzas de la ley.

Asimismo, perciben un incremento de las manifestaciones de racismo con motivo de la crisis económica, el aumento de la migración y los refugiados y las medidas contra el terrorismo. Pero la inexistencia de datos desglosados por la administración de justicia hacen imposible determinar el número de causas tramitadas por delitos penales con la discriminación racial como factor agravante. Cuando el número de agresiones motivadas por el racismo, según fuentes de organizaciones no gubernamentales, oscila entre 4.000 y 6.500 casos por año.

“El Gobierno estima que la existencia de estadísticas sobre la raza o el origen étnico se traduciría en una discriminación”, en consecuencia, las estadísticas sobre extranjería y migración se refieren a la nacionalidad, pero en ningún caso al origen étnico ni a la religión, y tampoco se realizan estadísticas de esta naturaleza respecto de los ciudadanos españoles, aunque existen datos obtenidos mediante métodos de investigación acerca de la población. Lo que supone un problema, porque “los datos desglosados resultan imprescindibles para entender la gravedad y alcance de la discriminación racial contra los afrodescendientes, así como para formular soluciones específicas e integrales”.

Escasa representatividad

Ante la “falta de representación endémica” de los afrodescendientes en los niveles estatal, regional y municipal, así como en las tres ramas del poder, el Grupo de Trabajo recomienda aumentar la representación de los afrodescendientes en todos los niveles de la administración pública.

“Festividades españolas que son manifestaciones ofensivas e insultantes que caricaturizan a los afrodescendientes de manera deshumanizadora”

Una infrarrepresentación que se ve alimentada por una imagen estereotipada y negativa en los medios de comunicación, “la falta de representación unida a la ausencia de referencias o modelos positivos en los medios de comunicación y en la producción cultural provocan una mayor invisibilización”. Las otras manifestaciones que se señalan en el informe son las culturales, descritas como “ofensivas e insultantes que caricaturizan a los afrodescendientes de manera deshumanizadora”, indican. Hablan, entre otras, del blackface. Festividades sobre las que solicitan un debate abierto. Estas representaciones estereotipadas, en su conjunto contribuyen, señalan, a la construcción de la imagen de las mujeres afrodescendientes como trabajadoras del sexo, “lo cual se traducía en situaciones de acoso y en múltiples formas de discriminación”.

Migración y asilo

Piden el fin de todas las formas de expulsión colectiva y rechazo de los solicitantes de asilo y migrantes, señalando unas diferencias en los planteamientos del asilo entre la península y Ceuta y Melilla, que “socavan la protección internacional de los afrodescendientes”. Especialmente, que los solicitantes de asilo no puedan llegar a la frontera española debido a la complicidad de las autoridades marroquíes.

“Quienes arriban a las costas andaluzas”, continúan, “no disponen de mecanismos para identificar sus necesidades de protección, remitirlos a la vía del asilo o evitar su detención”. Además, la detención sistemática de quienes llegan por mar y declaran desde un principio su intención de solicitar protección “tiene un efecto disuasorio por cuanto respecta a la solicitud de asilo y vulnera lo dispuesto en la legislación al respecto”. Alertan sobre las dificultades lingüísticas de las personas peticionarias de asilo que limitan la comprensión de sus derechos, por lo que se “debería considerar la posibilidad de eliminar toda forma de detención de migrantes y solicitantes de asilo. “Deberían crearse vías de acceso a permisos de trabajo, residencia y nacionalidad”, sostienen.

La detención de inmigrantes, que es una forma de detención administrativa (personas que no han cometido delito), es señalada por ser utilizada de forma habitual, “debe evitarse la detención obligatoria de grupos de personas sin haber realizado una evaluación adecuada de la necesidad y proporcionalidad de la detención en cada caso individual”. Tras denunciar que los centros visitados funcionan en la práctica como cárceles, alertan de la gravedad de la detenciones por tener un efecto perjudicial en su salud psíquica, en especial en en menores y víctimas de la trata, violencia sexual y de género o tortura.
En el centro de estancia temporal de inmigrantes de Ceuta, el Grupo de Trabajo fue testigo de cómo mujeres embarazadas y con hijos pequeños tenían dificultades para satisfacer necesidades básicas. Así como la desprotección de los menores afrodescendientes no acompañados cuya edad se determina mediante pruebas con resultados que no se consideran exactos.

Deficiencias en el disfrute por los afrodescendientes de sus derechos económicos, sociales y culturales

En el ámbito educativo, se centran en unos planes de estudio que “no reflejan adecuadamente la historia de la colonización y la trata transatlántica de esclavos africanos, la esclavitud, la historia y las contribuciones de los afrodescendientes en España”, mientras que en los centros educativos tiene lugar una segregación de facto, la cual se traduce en tasas de abandono “muy superiores” en centros con alumnado afrodescendiente.

En cuanto a la sanidad, las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley número 16/2012, que limitaba el derecho de acceso de los migrantes en situación administrativa irregular a la sanidad pública, han provocado “un deterioro de la gestión sanitaria, así como una situación de desinformación, abandono y confusión”. El Grupo de Trabajo fue informado por diversas organizaciones del deterioro de la atención médica, entre otros motivos, por la interrupción del seguimiento adecuado de enfermedades crónicas y graves y la desaparición de programas de prevención eficaces. Por ejemplo, señalan cómo en caso de las mujeres sin tarjeta sanitaria víctimas de la violencia de género y la trata que incluían a un gran número de mujeres afrodescendientes que son “particularmente vulnerables debido a las restricciones”.

En el mercado laboral, “los afrodescendientes son discriminados en los procesos de contratación abiertamente”. La discriminación racial en el campo laboral es una cotidianidad, siendo especialmente preocupante la explotación generalizada de los migrantes. “Los trabajadores que participan en el sector informal de la economía, como los vendedores callejeros, se encuentran en una situación vulnerable, sin seguridad social ni derechos, y además sufren el acoso de las fuerzas del orden”, por lo que recomiendan adoptar medidas contra la discriminación racial y la segregación que se manifiestan ante las carencias de servicios sociales y la explotación en el mercado laboral.

Retirada de custodias a padres y madres afrodescendientes

Las personas que se dedican al trabajo doméstico, entre las que predominan las mujeres, son invisibles y tienen horarios de trabajo interminables sin protección contra abusos. En una relación a este campo, un motivo de especial preocupación para el Grupo de Trabajo es la información relativa a los casos en que los servicios sociales habían retirado la custodia de sus hijos a padres y madres de niños afrodescendientes.

En este sentido señalan los “estereotipos raciales y de género se solapan e interactúan de manera simultánea privando a las personas afectadas de sus derechos básicos a la protección integral y el acceso a la justicia”. “Por lo visto”, se puede leer en el informe, “las autoridades consideran que los niños afrodescendientes se encuentran en una situación de riesgo por ser sus madres víctimas o presuntas víctimas de la trata”. Cargando la responsabilidad sobre personas vulnerabilizadas, en lugar de buscar “soluciones que protejan la unidad familiar de la violencia de la trata, se ha optado por separar a los niños de sus padres, lo que vulnera el derecho de estos a una vida familiar”.

En sus recomendaciones finales aluden a la aprobación de una ley integral para combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, con inclusión de medidas encaminadas a prevenir actos racistas, sin olvidar la posibilidad de aprobar una ley integral contra los delitos motivados por prejuicios que “brinde una asistencia integral en el ámbito jurídico, psicosocial y económico, así como un nivel adecuado de protección, información y restitución”.

Por otra parte, recomienda al Gobierno que recoja, recopile, analice, difunda y publique “datos estadísticos fidedignos”, desglosados según criterios étnicos, sobre la base de la autoidentificación voluntaria, y que adopte todas las medidas necesarias para evaluar periódicamente la situación de los individuos y los grupos que son víctimas del racismo. En conclusión, señalan que la “elaboración de un plan de acción global, el fortalecimiento de la legislación y la aplicación de ambos podría dar lugar a nuevos avances en España en la lucha contra el racismo y la discriminación racial”.

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