
“Este caso no es un hecho aislado, y ejemplifica y concreta una situación generalizada y continuada de faltas de respeto, amenazas, chantajes, humillaciones y promoción de la disgregación familiar, entre otras”, dice un escrito a la Subdirección General de Programas de Protección Internacional enviado por una familia nigeriana del Centro de Acogida a Familias Inmigrantes de Valdelatas situado en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo. Un centro bajo titularidad del Ayuntamiento de Madrid y que está gestionado por ACCEM (acrónimo de Asociación Comisión Católica Española de Migraciones), una ONG que “trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas refugiadas y migrantes o colectivos más vulnerables”, según su página web.
El escrito, que tiene la finalidad de dar a conocer la situación de extrema vulnerabilidad que sufren las familias del centro, denuncia supuestas infracciones graves cometidas por la ONG, llegando a señalar éstas como “muy graves” si se atiende a la Ordenación de la Actividad de los Centros y Servicios de Acción Social y de Mejora de Calidad en la Prestación de los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, al darse “reincidencia en las infracciones graves y no tratarse de una situación particular, sino generalizada”, según recoge la normativa.
#ValdelatasDesahucia nos saca Bridget angustiada por la situación el papel que le entregarón el dos 3 diciendo que hoy se tenían que ir,como podéis leer con amenaza de tomar medidas si no se marcharán pic.twitter.com/IeMubnvAJV
— PAVPS Madrid (@Pavps_Madrid) July 8, 2019
Los hechos corresponden al 21 de mayo, un día antes de que una familia nigeriana con tres hijos menores a cargo, que cohabita en el centro de Valdelatas, denunciara que al intentar acceder se les impidió la entrada “bajo amenaza de expulsar al resto de miembros de la familia, lo que finalmente ocurriría siéndoles negada la asistencia y vulnerando sus derechos, sin habernos advertido previamente sobre ningún incumplimiento, ni administrativa ni judicialmente”, según las palabras de Mathew recogidas en las redes sociales SOS Racismo Madrid.
En aquel entonces, la Plataforma de Afectadas por Vivienda Pública y Social (PAVPS) denunció la habitualidad de los hechos. “Hemos pasado el invierno siendo testigos de cómo en este tipo de recursos y en otros como en el Pinar de San José, San Roque… se producían todo tipo de situaciones que conllevaban continuas amenazas de expulsión, sin que estas familias tuvieran garantizado el acceso a una vivienda, además de tratos inhumanos y vejatorios que queremos denunciar y que vamos a poner en conocimiento del Defensor del Pueblo”, como se lee en su comunicado.
A penas un día antes de que acabara el plazo otorgado por el centro de Valdelatas para que la familia nigeriana abandonara el lugar, desde PAVS anunciaban en redes que en una reunión con ACCEM se había llegado a un acuerdo de compromiso de estancia de un mes más para que pudieran encontrar una alternativa habitacional. Sin embargo, a día de hoy esta familia nigeriana, lejos de encontrar una solución a su situación, ha interpuesto una denuncia judicial contra una técnico de vivienda del centro, “por haber sido engañados en el proceso de alquiler del piso que querían adquirir como alternativa habitacional”. Así lo explica Carmen Nava, de nacionalidad boliviana y residente en el albergue de Valdelatas, donde vive junto a su marido y tres hijos menores de edad. También es integrante de PAVS, la plataforma que “viene interponiendo denuncias ante el maltrato recibido por los técnicos del centro con las familias residentes y denunciando que las condiciones del albergue de San Roque, gestionado por la misma organización, son las mismas”.
“Desde el centro llamaron a la policía, que acudió hasta mi habitación y me dijeron que debía abandonar las instalaciones, yo les decía que era injusto, pero me gritaron que les daba igual”
Ella misma denuncia haber sido “sancionada” por luchar en defensa de sus derechos y de las demás familias del centro de acogida. “He sido expulsada bajo falsas acusaciones por parte del personal técnico junto a mis tres menores. Toman represalias ante cualquiera que quiera hacer prevalecer sus derechos”, explica en conversaciones con Es Racismo. Un hecho denunciado el 30 de agosto en las redes sociales de PAVS junto a un video donde se ve a altas horas de la noche a la familia con sus hijos menores, esperando que se les abra la puerta del centro.
Hoy la compañera Carmen que reside en el Albergue de Valdelatas gestionado por el @MADRID y @Accem_ong ha sido sancionada expulsandola del centro hasta las 00:00 por un mal entendido y ahora no la dejan entrar,y no solo es a ella si no a sus tres menores pic.twitter.com/JZqccs4Ki2
— PAVPS Madrid (@Pavps_Madrid) August 29, 2019
Achaca el motivo de su expulsión a un malentendido con consecuencias graves para su familia. Explica que su hija se encontraba jugando en el patio común con otros niños y cerca de ella estaba fumando una de las trabajadoras del centro. “Con anterioridad, esta trabajadora quemó accidentalmente en la cara a un menor”, señala. Ante el temor por lo ocurrido, Carmen le gritó a su hija: “te vas a quemar la cara con el cigarrillo de Ainhoa, que está con el móvil». En ese momento no pasó nada, pero comenta que al rato fue llamada por una responsable del centro que le preguntó si le había dicho algo a la técnico, “mi respuesta fue que no”. Al poco tiempo le indicaron que quedaba expulsada del centro. Su sorpresa fue mayor al conocer el motivo: “me explicaron que yo había amenazado a esa técnico del área de menores con quemarle la cara con un cigarrillo”.
Carmen considera una medida desproporcionada que la versión de una trabajadora, diferente a la suya, sea suficiente para que ella y sus hijos de 1, 3 y 7 años acaben expulsados “sin derecho a tomar agua, ni protegernos del sol, no teníamos más opción que pasar las horas en la calle hasta la hora fijada por los trabajadores de Valdelatas”, lamenta.
Ante su negativa a salir del centro, desde este llamaron a la policía. Allí se personaron agentes de la Policía Nacional que accedieron al recinto, “entraron hasta mi habitación y me dijeron que debía abandonar las instalaciones, yo les decía que era injusto, pero me gritaron que les daba igual, que saliera”, recuerda Carmen quien trato, sin éxito, explicarles su versión de los hechos. Finalmente pudieron regresar al centro, aunque no sería hasta las 1:57 de la madrugada en lo que califica como “un castigo”. Sin embargo, las consecuencias de aquel suceso siguen vigentes, “mi hijo tiene desde entonces un trauma, se orina y se defeca en su ropas, lo ha hecho en el colegio, en el metro, en la calle”, señala.

“Nuestra estancia en este centro, es precaria y con grandes limitaciones para las familias que en él residimos, no ha sido nada fácil hasta el momento”. Dice vivir un acoso y derribo contra su persona aunque encuentra apoyo en las demás familias del centro, quienes han firmado una nota en su defensa donde la describen como “íntegra, honesta, alegre, y generosa, y en ningún caso con un comportamiento que haya perturbado la estancia en el centro”.
Ella misma enumera los logros obtenidos por la unión y lucha de las familias del centro: “la apertura del espacio infantil a cualquier hora durante el día, siempre en presencia de una persona adulta responsable; la utilización de ordenadores con acceso a internet para algo básico como es la búsqueda de empleo; la consecución de abonos transporte para adultos y sus menores, para que puedan acudir a centros escolares; que no se les entreguen alimentos caducados, que puedan firmar exactamente el número y tipo de alimentos recibidos o poder hacer constar si no se reciben; o que los castigos no consistan en expulsar a las familias fuera de las instalaciones, viéndose obligadas a dormir a la intemperie, y que en su lugar se sustituyan, en la peor de las situaciones, por expulsiones hasta las 00:00 de la noche”.
“Vas a ganar que te enviemos a tu país, consigue un buen abogado, que del juzgado a tu país y sin tus hijos”
Todas estas situaciones han sido trasladas hace semanas a la Gerencia General de ACCEM, tal y como explica Carmen. Sin embargo, a día de hoy no entiende cómo no ha obtenido ninguna respuesta. No obstante, explica que lo que sí se le comunica “a diario”, a través de “medios informales” es que su familia debe abandonar el centro. Ante su persistencia, declara haber sido amenazada: “Vas a ganar que te enviemos a tu país, consigue un buen abogado, que del juzgado a tu país y sin tus hijos”.
La situación en la actualidad
Hace un mes, una de las familias solicitaba mediante instancia general al Ayuntamiento de Madrid “una respuesta urgente” ante la “desprotección y vulneración” de sus derechos fundamentales por parte de “los trabajadores y gestores del Centro de acogida de Valdelatas, gestionado por ACCEM”.
El 13 de septiembre, las familias obtenían respuesta del Defensor del Pueblo, donde habían acudido a denunciar su situación. Desde este órgano hacían acuse de recibo e informaban que, el pasado 31 de mayo, dos técnicos realizaron una visita no anunciada al centro de acogida para familias inmigrantes de San Roque de similares características al centro de Valdelatas, ambos de titularidad municipal y gestionados por la misma entidad. “Las conclusiones de dicha visita fueron remitidas al Ayuntamiento de Madrid, que ha comunicado que va a iniciar un proceso extraordinario de evaluación y supervisión del programa y de los equipamientos de dicho centro”. Continúa la respuesta señalando que “teniendo en cuenta que en la queja planteada se ponen de manifiesto problemas similares a los detectados en el centro San Roque, se va a dar cuenta al Ayuntamiento, con el fin de que pueda tomarse en consideración la evaluación y supervisión del centro de Valdelatas”.
Ayer una familia con menores fue expulsada del albergue de Valdelatas tras pedir una hoja de reclamaciones. Denuncian que el gestor del centro @Accem_ong hizo firmar una salida voluntaria a la titular de la plaza, que no sabe escribir ni leer español, en ausencia de la hija mayor pic.twitter.com/ZfbWJiOAsh
— #404 Comunicación Popular (@404comunicacion) September 11, 2019
Hace a penas unas semanas, se volvía a denunciar en las redes sociales de 404 (un portal de comunicación popular) que una familia rumana, con menores a cargo, fue expulsada del centro Valdelatas tras pedir una hoja de reclamaciones. “Denuncian que el gestor del centro ACCEM hizo firmar una salida voluntaria a la titular de la plaza, que no sabe escribir ni leer, y que lo hizo en ausencia de la hija mayor que sí sabe”. Señalan desde la web que “los afectados denuncian el engaño y la vulneración de derechos por parte de ACCEM que, según relatan, ofreció documentos para firmar informando de que era un permiso tramitado para la estancia de un hijo de la mujer que llegaba de Rumanía. Ahora están todos en la calle”. Debido a la intervención de PAVPS y Nadie Sin Hogar, la familia volvió al centro hasta conseguir una alternativa. Sin embargo, desde el portal comunicativo insisten en que no es la primera vez que se acude al Albergue de Valdelatas, “anteriormente anduvimos con Bridget, su marido (Mathew) y sus tres menores, por la misma situación. Hicimos una propuesta a ACCEM para que las familias estén lo mejor posible. Aún esperamos contestación”.
Carmen denuncia que hace unos días, al llegar a su habitación, la encontró “revuelta” y echó en falta documentos relativos a quejas y reclamaciones interpuestas. Un hecho relevante debido a que tal y como explica, se les niegan las hojas de reclamación cuando se quieren interponer quejas por “alimentos podridos, cuando no se les dan bonos de transporte, cuando pierden el empleo por no encontrar con quién dejar a su menores a pesar de que hay personal contratado para ello…”, por lo que cada situación de vulnerabilidad la registran llamando a la policía. “Hablamos de familias que, en el peor de los casos, son expulsadas cuando quieren registrar un hecho grave como ser engañados para firmar un documento no sabiendo leer ni escribir”, como sucedió con la última familia.
Carmen no dejará de luchar por sus derechos: “que sepan que somos humanos y merecemos el mismo trato y que emigrar para mejorar los días a nuestros hijos no es razón suficiente para tratarnos vejatoriamente como lo hacen”. Además de todo lo descrito a lo largo de este texto, se encuentra ahora luchando para que ACCEM conceda material escolar a los hijos e hijas de las familias alojadas. Una partida que en la concesión municipal aparece recogida en el epígrafe “actividades y ayudas usuarios”, que incluye entre otras cosas: manutención, medicamentos, transporte nacional e internacional o formación. “No me rendiré”, señala, “los niños tendrán su material escolar sin pagar nada porque el dinero ya les ha sido concedido por parte del Ayuntamiento.
Desde Es Racismo hemos contactado telefónicamente con el Centro de acogida a familias inmigrantes de Valdelatas, quienes nos han remitido a la sede de ACCEM en Madrid, quienes a su vez nos han remitido al departamento de comunicación a nivel estatal. Desde esta sección señalan que “algunas de las acusaciones no se corresponden con la realidad en nada”. Además, no les consta que se den expulsiones “por castigo”, añaden que “las únicas expulsiones que se han realizado han ido acompañadas siempre de una alternativa habitacional”, y que en algunos casos, “las personas expulsadas, por no seguir las normas de convivencia, no han querido acceder a esas alternativas durante el tiempo de expulsión”. Preguntados sobre el motivo por el que no se da respuesta a las quejas por escrito remitidas por las familias a la Gerencia General de ACCEM, señalan que no les corresponde dar respuesta, aunque aseguran que no hay fallos en la línea de comunicación para interponer dichas reclamaciones.
