La indignación no es igual para todos

La condena y detención de Pablo Hasél es un ataque directo a la libertad de expresión y a una posición política clara en cuanto al señalamiento en sus canciones y en sus tweets sobre la realidad social en la que vivimos. Tranquilamente podemos considerar a Hasél como un preso político pues fue encarcelado por denunciar con su arte dentro de un sistema que nos quiere amordazados. Es claramente una razón para que la sociedad se sienta indignada y vea también que su derecho fundamental a la libertad de expresión está amenazado por el propio sistema judicial.

Por otra parte, es fantástico ver a la ciudadanía en masa saliendo a las calles en protesta por este hecho y exigiendo la libertad de Hasél. Incluso el intento de impedir su detención sin miedo a confrontar la violencia de las fuerzas de opresión del Estado es para valorar porque se expone la propia integridad física. Esta reacción de la gente es plausible y debe volver a despertarnos.

Lo llamativo es que en España existen otros presos políticos por los que la sociedad española no se manifiesta: los presos de los CIEs. Seres humanos que han perdido la libertad por una falta administrativa y no por un delito. Tener prisioneros a personas migrantes sin que hayan cometido ninguna falta penal es una violación a los derechos fundamentales de cualquier ser humano, y especialmente cuando no existe ninguna transparencia en el actuar policial. 

Violación que ocurre aquí, dentro del territorio español, debido a una ley de extranjería racista y colonial que es la que incurre en esa vulneración. Con un Ministerio del Interior que ordena redadas por perfil racial y étnico, criminalizando de esa forma a la población migrante y racializada, ¿qué clase de democracia es ésta?

Por estos presos políticos nunca se ve tal indignación, no se ve a la ciudadanía blanca española saliendo en masa a las calles, no existe conciencia del problema que supone la violación de los derechos de las personas migrantes, y decimos que no existe conciencia porque no queremos pensar que lo que existe es indiferencia, porque eso sería doloroso, decepcionante y por supuesto muy significativo.

Es vital que el antirracismo político señale esta cuestión y que se reconozca el pobre impacto en los medios convencionales que tiene la vulneración de los derechos humanos cuando las víctimas son personas migrantes y racializadas. La ciudadanía blanca española debe dejar de seguir dando la espalda a una realidad que sabemos que no es la suya, que sabemos que funciona de manera estructural e institucional y que también de alguna manera incide en los privilegios de esta misma ciudadanía. Quizá ese también sea el problema, que la blanquitud no quiere que les toquen sus privilegios, entonces qué importan las vulneraciones de los derechos de las personas migrantes. Los españoles nunca tendrán ese problema. Seamos concientes.

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