El pasado sábado 17 de mayo de 2025, en plena calle San Vicente Mártir de València y a plena luz del día, se produjo una nueva escena de brutalidad policial racista que no puede ni debe quedar impune. Las víctimas fueron Layli Colorado, joven colombiana de 26 años residente en la ciudad desde hace más de tres años, su madre Layla y un allegado de la familia.
El motivo: ser testigos incómodos de una escena de violencia policial.
Alrededor de las 15:00 horas, Layli caminaba hacia su destino para encontrarse con su familia cuando presenció a varios agentes de policía reduciendo a dos jóvenes racializados que yacían esposados en el suelo. Uno de los agentes mantenía un pie sobre el torso de uno de ellos, y otro colocaba el suyo en el tobillo del segundo joven.
La violencia y humillación eran tan evidentes que una chica en la calle se atrevió a recriminar la acción. La respuesta policial fue clara: “No te metas”.
Pero el aparato represivo del Estado no tolera testigos. Minutos después, cuando Layli ya había dejado atrás la escena, un agente la persiguió a ella y a su familia exigiéndoles los documentos de manera agresiva. Ante la comprensible negativa inicial, al no comprender qué delito estaban cometiendo, la violencia se desató con toda su crudeza: “Me empuja de espaldas contra un coche para ponerme las esposas; después me tiraron al suelo y empezaron a golpearme”, relata Layli, quien en ese momento solo pensaba en su hijo de tres años, que había dejado solo.
Lo que siguió fue una cadena de agresiones físicas y verbales. Al escuchar el escándalo desde casa, Layla, madre de la joven, bajó corriendo junto con su marido y un amigo de la familia. “Cuando salimos vimos a mi hija tumbada en el suelo con un policía de como dos metros dándole golpes”, cuenta. Al intentar preguntar qué sucedía, la respuesta fue más violencia: golpes, patadas, insultos y ser arrastrada por el pelo. La escena no fue de seguridad ciudadana, sino de terror estatal.
Después de la brutal agresión, Layli, su madre y un acompañante fueron detenidos y permanecieron más de 24 horas bajo custodia policial. Las vejaciones continuaron incluso en el calabozo: “Varios agentes me encerraron en un cuarto pequeño, sin cámaras, y me insultaron, me pegaron y me amenazaron con saltarme los dientes”, denuncia una de las víctimas.
Estas prácticas no son casos aislados. Son parte estructural del racismo institucional que se ejerce desde cuerpos de seguridad acostumbrados a actuar con impunidad, especialmente contra personas migrantes y racializadas. Lo sucedido a esta familia no es una excepción, sino un reflejo brutal de cómo opera el sistema de control social en el Estado español: criminalizando la presencia migrante, castigando la disidencia y eliminando el derecho a defender la propia dignidad.
Nos preguntamos una vez más: ¿Dónde están las garantías constitucionales? ¿Quién protege a quienes deberían ser protegidos? ¿Hasta cuándo se permitirá que agentes del Estado golpeen, humillen y torturen con total impunidad?
Desde Es Racismo, denunciamos esta agresión policial como un acto de violencia racista que debe ser investigado, sancionado y reparado. Exigimos justicia para Layli, para Layla y para todas las personas que, por su color de piel o su origen, son objetivo permanente del aparato represivo del Estado. No son casos aislados. Es racismo estructural. Y seguiremos denunciándolo.
